En una reunión de la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, se resolvió avanzar con un pedido de informe impulsado por los concejales
Juan Carlos Ale y
Ana María González, dirigido a la Secretaría de Movilidad Urbana municipal, en un escenario marcado por reclamos del sector empresario por una actualización tarifaria.
La iniciativa reclama información detallada, completa y documentada sobre el funcionamiento del sistema de transporte público urbano de pasajeros durante los últimos seis meses, con el objetivo de evaluar la eficiencia del servicio, la correcta asignación de recursos, el impacto de los subsidios y la implementación de políticas públicas vinculadas a la movilidad urbana, y determinar si existen condiciones reales que justifiquen modificaciones en la tarifa.
El pedido incluye datos del sistema
SUBE discriminados por empresa prestataria y por línea de transporte; la cantidad de unidades habilitadas y cuántas efectivamente prestan servicio diario; la frecuencia de cada línea y el detalle de interrupciones o alteraciones; la recaudación mensual total del sistema y por línea; y la información sobre subsidios nacionales, provinciales y municipales, con sus criterios de distribución y empresas beneficiarias, un punto clave para analizar posibles desequilibrios en la asignación de recursos.
También se solicita conocer la cantidad de kilómetros recorridos y pasajeros transportados mensualmente, los indicadores de calidad del servicio utilizados por la Secretaría, y toda la información vinculada al boleto estudiantil y a los atributos sociales del sistema SUBE, como la tarifa social y los beneficios para jubilados y personas con discapacidad. A esto se suma la cantidad de beneficiarios alcanzados, los montos asignados y los criterios de asignación.
El planteo introduce un elemento central en la discusión pública: la falta de información consolidada y accesible sobre el sistema de transporte urbano en San Miguel de Tucumán. La iniciativa impacta de lleno en el debate por un posible incremento tarifario solicitado por
AETAT, bajo el argumento de que cualquier discusión sobre el valor del boleto debe basarse en información transparente y verificable.
“Los vecinos tienen derecho a saber cómo funciona el sistema, cuánto recauda, cuánto recibe en subsidios y cuál es la situación real del transporte público en San Miguel de Tucumán”, señalaron los concejales.
Finalmente, Ale y González remarcaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional sobre un servicio esencial utilizado diariamente por miles de tucumanos, en un contexto donde el transporte público vuelve al centro del debate por su costo y calidad.