El conflicto se originó tras la presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que pidió la inconstitucionalidad de varios artículos por considerar que vulneraban derechos laborales, sindicales y el acceso a la Justicia. El juez laboral Raúl Horacio Ojeda hizo lugar parcialmente al planteo y suspendió la aplicación de los artículos cuestionados con efectos generales.
Con el rechazo del “per saltum”, la Corte evitó intervenir en esta etapa y dejó que el expediente siga su curso en el fuero contencioso administrativo, donde continuará el debate sobre la constitucionalidad de la reforma. Mientras tanto, la ley permanece vigente, aunque con los artículos suspendidos por la cautelar.
La decisión representa un revés para la estrategia judicial del oficialismo, que buscaba acelerar la resolución del caso y garantizar la aplicación plena de la reforma laboral en medio de un escenario de fuerte tensión con el sindicalismo.