En paralelo, la Procuración del Tesoro había calificado el caso como de “gravedad institucional”, pero la Sala III descartó esa postura y señaló que el reclamo del Estado responde a un interés patrimonial más que institucional.
Mientras tanto, la Casa Rosada busca impulsar una nueva ley que reduzca el costo fiscal de la norma vigente y permita rediscutir el esquema de financiamiento en el Congreso. La intención es sostener la actualización de partidas, pero distribuirla de manera gradual y mensual durante 2026.
En el sistema universitario, en tanto, persiste la expectativa sobre los tiempos y la modalidad de ejecución. En sectores de la Universidad de Buenos Aires consideran que cualquier desembolso será escalonado y advierten que el recorrido judicial podría volver a demorar la aplicación concreta de la ley.
La decisión de la Cámara deja ahora en manos de la Corte Suprema la definición sobre uno de los principales conflictos políticos y presupuestarios entre el Gobierno y las universidades nacionales.