La denuncia apunta a inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni, quien pasó por distintos cargos en el Ministerio de Defensa antes de asumir en 2025 la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares (IAF). En su declaración jurada de 2024 informó bienes por $43,7 millones, mientras que en 2025 declaró un patrimonio neto de $80,5 millones, con la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación de un crédito hipotecario de $60 millones en apenas un año.
Pagano sostuvo que el sueldo del funcionario resultaba insuficiente para justificar la cancelación de ese préstamo en tan corto plazo. En su dictamen, Marijuan aclaró que la investigación se limitará al patrimonio de Francisco Adorni, mientras que las menciones sobre Manuel Adorni no serán objeto de esta causa, dado que ya enfrenta otro proceso judicial.
Entre las medidas de prueba, el fiscal convocó a Pagano para ratificar la denuncia y pidió informes a más de 30 organismos, incluyendo la ARCA, la AGIP, la ARBA, Migraciones y el Banco Central, además de solicitar datos al Banco Provincia sobre el crédito hipotecario. También requirió información a la UIF y a la Inspección General de Justicia sobre posibles sociedades comerciales vinculadas al imputado.
La investigación se centra en determinar si el incremento patrimonial de Adorni se corresponde con ingresos legítimos o si hubo maniobras de ocultamiento y simulación.