El legislador
Gerónimo Vargas Aignasse presentó en el programa “
Parte de Prensa”, que se emite por
Radio Mía 101.1 y el canal de YouTube
@MiaTucumanHD, los principales alcances de su proyecto denominado “
Medida Cautelar Digital – Violencia en Redes”, una iniciativa que apunta a brindar herramientas judiciales rápidas frente a casos de calumnias, injurias, escraches y violencia digital.
Durante la entrevista, el parlamentario sostuvo que las redes sociales atraviesan uno de los momentos más violentos de su historia y advirtió sobre las graves consecuencias que generan las campañas de desprestigio y las publicaciones ofensivas viralizadas.
“Las redes sociales se han convertido en un paredón de fusilamiento. Hoy cualquier desavenencia personal, enojo o conflicto termina descargándose públicamente con violencia, insultos, injurias y humillaciones”, expresó.
Vargas Aignasse explicó que el proyecto propone la creación de una medida cautelar autónoma y sumarísima que obligue a un juez a expedirse en un plazo máximo de seis horas ante una denuncia por publicaciones agravantes o difamatorias realizadas en redes sociales.
“La víctima podrá presentarse directamente ante el juez de turno con pruebas desde su celular, tablet o computadora. El juez deberá analizar la situación y resolver rápidamente ordenando la eliminación del contenido, su desindexación y el resguardo de la prueba”, detalló.
El legislador aclaró que la iniciativa no busca limitar la libertad de expresión sino equilibrarla con el derecho al honor y la dignidad de las personas. “Estamos buscando armonizar dos derechos constitucionales muy importantes: la libertad de expresión y el derecho a la honra. No se puede utilizar la libertad de expresión para destruir a alguien”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que el proyecto incorpora una cláusula específica para excluir a funcionarios públicos de esta protección especial, con el objetivo de evitar interpretaciones vinculadas a censura o blindajes políticos.
“Hemos dejado expresamente afuera a funcionarios públicos, incluyendo los tres poderes del Estado, para que nadie crea que esto busca una mordaza o impedir críticas a la política”, subrayó.
Uno de los momentos más sensibles de la entrevista fue cuando el legislador hizo referencia a las consecuencias psicológicas que produce el bullying digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes.
“Tenemos entre 15 y 20 jóvenes que se quitaron la vida en el último tiempo por situaciones vinculadas al bullying en redes sociales. Para un adolescente, su posicionamiento digital es muy importante y una campaña de desprestigio puede generar daños irreparables”, lamentó.
Además, alertó sobre el avance de la inteligencia artificial y el uso de contenidos falsificados para dañar personas. Como ejemplo, mencionó el caso ocurrido en un conocido colegio de Yerba Buena, donde circularon imágenes generadas artificialmente para atacar a estudiantes.
“El anonimato digital es aberrante. En muchas plataformas cualquiera puede crear una cuenta falsa y destruir la dignidad de otra persona sin ningún tipo de consecuencia inmediata”, señaló.
Consultado sobre cómo actuarían plataformas como Meta, Facebook, Instagram o TikTok ante una resolución judicial tucumana, Vargas Aignasse explicó que las empresas deberán cumplir las órdenes emitidas por la Justicia, tal como ya ocurre actualmente en algunos amparos judiciales.
“Hoy las plataformas ya acatan sentencias judiciales, pero el problema es que llegan tarde. Cuando la publicación ya se viralizó, el daño está hecho. Lo que buscamos es velocidad para evitar que esa lesión al honor alcance una escala irreversible”, indicó.
También reconoció las dificultades para controlar la viralización de capturas de pantalla y mensajes reenviados por aplicaciones como WhatsApp, aunque sostuvo que igualmente se puede identificar el origen de muchas publicaciones y avanzar judicialmente contra sus responsables.
“La viralización puede volverse inmanejable, pero si logramos identificar al autor y la Justicia actúa rápidamente, también habrá un efecto preventivo. La gente empezará a pensar antes de destruir públicamente a otra persona desde una cuenta anónima”, afirmó.
Durante la entrevista, el legislador también respondió a las críticas sobre la credibilidad del sistema judicial tucumano y defendió los cambios implementados tras la reforma penal de 2020.
“El nuevo sistema acusatorio multiplicó las condenas y modernizó la Justicia penal tucumana. Hoy tenemos más herramientas, más tecnología y un esquema mucho más eficiente que el viejo sistema escritural”, sostuvo.
En el tramo final de la charla, Vargas Aignasse expresó además su apoyo a la marcha federal en defensa del financiamiento universitario y reivindicó el rol de la universidad pública argentina.
“La universidad pública es una fábrica de conocimientos y una herramienta de movilidad social ascendente. Gracias a ella, hijos de trabajadores pueden convertirse en médicos, abogados o ingenieros. Eso hay que defenderlo”, concluyó.