Política: El poder ya discute cómo sigue la Argentina después de Milei
09/05/2026
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Empresarios, gobernadores y sectores del propio oficialismo aceleran conversaciones reservadas ante el desgaste del Presidente, la crisis económica y la descomposición de la gestión. Villarruel se mueve como una alternativa de recambio dentro del sistema, Rocca vuelve al lobby político personal y la UIA ya admite en privado que el modelo libertario entró en zona de agotamiento.
La novedad ya no es la crisis económica. Tampoco el deterioro social ni la fragilidad política de un gobierno que hace apenas meses parecía invulnerable. La verdadera novedad es otra: el poder argentino empezó a discutir cómo administrar la etapa posterior a Javier Milei.
Todavía nadie se anima a hablar públicamente de final de ciclo. Pero en despachos empresarios, gobernaciones, oficinas legislativas y reuniones reservadas del establishment, el clima cambió de manera drástica. El escándalo alrededor de Manuel Adorni, el derrumbe del consumo, la parálisis industrial y la creciente desorganización del Estado activaron conversaciones que hasta hace poco eran consideradas prematuras. Ahora ya no.
La pregunta dejó de ser cuánto tiempo puede resistir Milei. La pregunta pasó a ser quién puede garantizar continuidad política, orden económico y gobernabilidad cuando el experimento libertario empiece a mostrar límites más difíciles de contener.
En menos de un año, el Gobierno pasó de discutir una nueva hegemonía política a administrar síntomas clásicos de desgaste argentino: empresarios buscando cobertura, gobernadores preparando escenarios alternativos, funcionarios tomando distancia y sectores del círculo rojo evaluando cómo preservar el modelo sin quedar atrapados en el derrumbe de su conductor.
Ese cambio de clima explica movimientos que hasta hace poco hubieran parecido impensados.
La vice y el círculo rojo
En ese nuevo tablero emergió una protagonista inesperada: Victoria Villarruel.
La vicepresidenta convirtió el Senado en una especie de consultorio político-empresarial del desencanto libertario. Industriales, empresarios alimenticios, representantes de la construcción, ejecutivos automotrices, dirigentes de la UIA, referentes mineros y operadores financieros empezaron a desfilar por sus oficinas con una frecuencia inédita. Muchos llegan golpeados por la recesión. Otros, directamente alarmados por la descomposición de la gestión económica.
“Necesitamos saber si alguien está mirando la economía real”, resumió, después de una de esas reuniones, un empresario con terminal industrial que todavía mantiene diálogo con sectores del Gobierno. La frase empezó a circular entre directivos como síntoma de una inquietud más profunda: la sensación de que la Casa Rosada quedó encapsulada en una lógica financiera, sin reflejos políticos ni capacidad de administrar tensiones productivas.
Villarruel los recibe a todos. Escucha. Pregunta. Toma nota. Y, sobre todo, deja un mensaje cuidadosamente calculado: ella no cuestiona el rumbo ideológico general del Gobierno, pero sí considera que Milei quedó atrapado en una dinámica de confrontación permanente, aislamiento político e improvisación administrativa.
En privado ya se permite incluso frases más sensibles. Reconoce que las políticas económicas “están generando resultados indeseados” y desliza que la administración perdió capacidad de coordinación. Para empresarios acostumbrados a meses de dogmatismo libertario y destrato oficial, la escena resulta casi exótica: una dirigente oficialista preguntando por fábricas, producción y empleo.
Hay algo más profundo detrás de esos movimientos. Villarruel entendió antes que muchos que el desgaste presidencial abrió un vacío potencial dentro del propio universo conservador. Y decidió empezar a ocuparlo sin romper todavía con Milei. Eso explica por qué cada gesto suyo irrita a la Casa Rosada.
El Presidente y su entorno ven en la vice algo más peligroso que una disidencia: ven una dirigente construyendo vínculos propios con actores reales de poder mientras el Gobierno pierde interlocutores. En el círculo rojo la lectura es todavía más brutal: Villarruel ya empezó a trabajar como opción de contingencia.
El otro actor que volvió a moverse es Paolo Rocca.
El dueño de Techint percibe que el Gobierno ingresó en una zona de fragilidad política más acelerada de lo que imaginaba incluso el establishment. Por eso decidió retomar personalmente el armado de relaciones políticas, una tarea que en los últimos años había delegado parcialmente en ejecutivos y operadores.
Su salida de la conducción de Tenaris fue leída en el mundo empresario como mucho más que un movimiento corporativo. Rocca busca recuperar margen de maniobra después de meses de tensión con Milei y de pérdidas de influencia en áreas estratégicas del Estado.
En las últimas semanas activó conversaciones con Mauricio Macri, con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y con dirigentes del interior productivo. También retomó contactos discretos con sectores del peronismo moderado y del radicalismo. No se trata todavía de una construcción política formal. Es algo más defensivo y urgente: el establishment quiere evitar quedar atrapado dentro de un oficialismo que empezó a mostrar síntomas de agotamiento prematuro.
La conclusión que circula en esos ámbitos es cada vez menos disimulada: el programa económico puede seguir siendo útil para disciplinar salarios, achicar el Estado y sostener reformas estructurales, pero Milei ya no garantiza estabilidad ni previsibilidad para administrar esa transición. No buscan cambiar el modelo. Buscan salvarlo de su propio conductor.
El ajuste, el gas y el miedo al desorden
Esa preocupación empezó a expresarse incluso en la UIA, históricamente prudente frente al Gobierno. Martín Rappallini sorprendió esta semana con una admisión demoledora: dijo que la industria necesita volver “a los estándares de 2022”. La frase tuvo efecto sísmico entre empresarios porque implicó reconocer algo que hasta ahora evitaban decir en público: varios indicadores productivos del presente ya son peores que los del momento más crítico del gobierno de Alberto Fernández.
La caída del consumo, el derrumbe de la actividad industrial y la apertura importadora empiezan a generar daños estructurales incluso en sectores que inicialmente respaldaron el ajuste libertario. Pero el problema ya no es solamente económico.
El establishment detecta algo que considera más grave: un deterioro creciente de la capacidad estatal para gestionar problemas básicos. La crisis energética encendió todas las alarmas.
El Gobierno decidió trasladar a empresas privadas la responsabilidad de importar gas para cubrir picos de demanda invernal. Hasta ahora el Estado centralizaba esas compras a través de Enarsa y garantizaba abastecimiento. La nueva lógica libertaria elimina esa coordinación y empuja a las compañías a resolver por sí mismas operaciones para las que muchas ni siquiera tienen estructura técnica.
La explicación oficial fue brutalmente explícita. “Comprense ustedes el gas”, resumió un funcionario ante empresarios.
La frase recorrió directorios completos porque sintetiza el cambio de época que perciben muchos hombres de negocios: el Estado no sólo se retira de la economía; empieza además a abandonar funciones elementales de articulación y previsión.
Las dudas empresarias son enormes. ¿Cómo calcular demanda? ¿Cómo operar compras internacionales de GNL sin experiencia previa? ¿Qué ocurre si pagan precios récord por cobertura y finalmente el invierno no genera consumo suficiente? ¿Quién absorbe el costo político y financiero de ese riesgo?.
Detrás de esas preguntas aparece un diagnóstico más inquietante: el Gobierno parece cada vez más concentrado exclusivamente en sostener el ajuste fiscal aun cuando eso implique desorganizar sectores enteros de la economía real.
Ese cuadro económico empezó además a cruzarse con otro dato que preocupa al poder: el deterioro social. Encuestas que circulan entre empresarios y dirigentes muestran caída persistente de ingresos, frustración creciente y niveles de malestar mucho más profundos de lo que reconoce públicamente el oficialismo. El fenómeno es particularmente visible en el conurbano bonaerense, donde incluso consultoras cercanas al PRO detectan un aumento acelerado de la sensación de retroceso social.
Por eso reapareció un actor clásico de las crisis argentinas: la Iglesia.
Importantes empresarios retomaron contactos reservados con curas de barrios populares para medir temperatura social real, lejos de las métricas oficiales. El diagnóstico que reciben es homogéneo: caída abrupta de changas, endeudamiento para comer, deterioro alimentario y crecimiento silencioso de la desesperación.
Ahí es donde el clima económico empieza a transformarse en problema político.
Porque el temor del establishment ya no pasa solamente por una recesión prolongada. Lo que empezó a instalarse es otra preocupación: que el Gobierno pierda capacidad de control sobre variables básicas mientras la conflictividad social crece por debajo de la superficie.
Lo más delicado para Milei es que estos movimientos ocurren mientras la Casa Rosada insiste en negar cualquier crisis política. El oficialismo todavía conserva apoyo duro, centralidad mediática y capacidad de polarización. Pero alrededor del Presidente el sistema empezó a moverse de otra manera.
Gobernadores dialogan entre sí. Empresarios reconstruyen redes políticas alternativas. Funcionarios oficialistas exploran posicionamientos propios. Y dirigentes que hace meses apostaban todo al éxito libertario ahora empiezan a calcular costos de supervivencia.
En la Argentina del ajuste perpetuo, el dato político más importante ya no es la resistencia de Milei. El verdadero dato es otro: el poder empezó a prepararse para sobrevivirlo.
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