La Casa del Encuentro reclamó la implementación de un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y exigió el cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, junto con el sostenimiento de organismos y programas de asistencia.
El informe concluye que, a 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, la violencia de género sigue siendo una deuda pendiente y que la falta de políticas públicas efectivas perpetúa un escenario de vulnerabilidad para miles de mujeres, niñas y diversidades en todo el país.