La necesidad de coordinar decisiones entre municipios, comunas y el Gobierno provincial frente a problemas que exceden las fronteras administrativas llegó a la Legislatura. Con ese planteo, el legislador
Agustín Romano Norri presentó un proyecto de ley para crear la Agencia de Planificación y Coordinación Metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán, un organismo pensado para abordar de manera conjunta los desafíos que comparten las principales ciudades del área metropolitana.
La iniciativa parte de un diagnóstico cada vez más visible en el Gran Tucumán. Mientras miles de personas viven en una jurisdicción, trabajan en otra y realizan sus actividades cotidianas en una tercera, cuestiones como el transporte público, la infraestructura vial, las inundaciones y la expansión urbana continúan dependiendo de decisiones adoptadas de manera aislada por distintos niveles del Estado.
En ese contexto, el proyecto busca incorporar una instancia permanente de planificación y coordinación para una región que, en los hechos, funciona como un sistema urbano integrado, aunque siga dividida en múltiples administraciones.
Según sostiene Romano Norri en los fundamentos de la propuesta, la falta de una mirada común también tiene consecuencias económicas para el Estado. Obras inconclusas, superposición de esfuerzos, infraestructura insuficiente y respuestas tardías frente a problemas previsibles aparecen entre los principales efectos de esa fragmentación.
"La falta de planificación también tiene costos: obras incompletas, duplicación de esfuerzos, infraestructura insuficiente y respuestas tardías frente a problemas previsibles. No buscamos crear estructuras innecesarias, sino dotar al Estado de una herramienta técnica para ordenar el crecimiento", argumentó el legislador.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa pasa por despejar cualquier interpretación vinculada a una posible pérdida de autonomía de los gobiernos locales. El proyecto establece expresamente que la Agencia no constituirá un nuevo nivel de gobierno ni tendrá facultades para intervenir sobre las competencias de municipios y comunas.
Por esa razón, el organismo tendría un carácter técnico, consultivo y de planificación. Sus estudios, informes y recomendaciones no serían vinculantes para las administraciones locales, aunque sí tendría participación previa en aquellas obras o programas impulsados por la Provincia que posean impacto metropolitano significativo.
En esa categoría quedarían comprendidas grandes obras hidráulicas, sistemas de transporte público, proyectos de infraestructura vial y otras intervenciones cuyo alcance exceda los límites de una sola jurisdicción.
"La propuesta no crea un nuevo nivel de gobierno ni modifica las competencias de intendentes o delegados comunales. Lo que busca es generar mecanismos de articulación para abordar problemas que afectan simultáneamente a varias jurisdicciones", remarcó Romano Norri.
La jurisdicción inicial alcanzada por la iniciativa comprende a los municipios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas, además de las comunas de El Manantial, San Pablo y Villa Nougués, Cebil Redondo y San Andrés.
El texto también prevé la incorporación gradual de nuevas jurisdicciones en la medida en que el crecimiento urbano y los flujos económicos profundicen su integración con el área metropolitana.
Entre las principales herramientas previstas figura la elaboración de un Plan Estratégico Metropolitano con un horizonte mínimo de diez años. El objetivo es establecer criterios comunes para orientar decisiones vinculadas a movilidad, infraestructura, drenaje pluvial, gestión ambiental y desarrollo territorial.
La iniciativa también contempla la creación de un Sistema de Información Metropolitana destinado a concentrar y publicar datos urbanos, ambientales, viales e hídricos. La intención es que los distintos organismos trabajen sobre información compartida y dispongan de diagnósticos comunes para la toma de decisiones.
En cuanto a la estructura institucional, la Agencia estaría encabezada por una Dirección Ejecutiva designada por el Poder Ejecutivo bajo criterios de idoneidad técnica. Su funcionamiento estaría acompañado por un Consejo Metropolitano integrado por representantes del Gobierno provincial, intendentes, delegados comunales y universidades públicas y privadas de Tucumán.
La participación de las casas de estudio busca incorporar capacidad técnica especializada y fortalecer la continuidad de los procesos de planificación más allá de los cambios de gestión que puedan producirse en los distintos niveles del Estado.
Respecto del financiamiento, el proyecto establece que la Agencia contará con partidas asignadas por el Presupuesto General de la Provincia y podrá complementar sus recursos mediante programas nacionales, organismos internacionales y mecanismos de cooperación técnica.
El proyecto deberá iniciar ahora su recorrido parlamentario en la Legislatura, donde comenzará el debate sobre la creación de una herramienta destinada a planificar de manera conjunta las políticas públicas de alcance metropolitano en el Gran Tucumán.