El capítulo final se centra en la habilitación exprés otorgada por la ANMAT para importar y fraccionar fentanilo. Según Roa, los inspectores habían pedido la clausura de la planta en noviembre de 2024, pero no se concretó. “La catástrofe se produjo en enero del 25, cuando se distribuyó el fentanilo contaminado. Dos meses antes, los inspectores habían pedido la clausura. No sólo no lo hicieron: se reunieron con él. Cuando lo pararon, en febrero, era irremediablemente tarde”, sentencia la columna.
El caso expone una trama de impunidad, fallas en la ANMAT y connivencia política que, según Roa, transformaron una tragedia evitable en el mayor desastre sanitario de la última década.