Actualidad: Presupuesto 2027: los derechos de discapacidad que el Gobierno busca eliminar
20/09/2026
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El proyecto enviado al Congreso modifica y deroga artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre los cambios aparecen el fin de la compatibilidad entre pensión y empleo, modificaciones al sistema de aranceles y cambios en la cobertura de salud.
La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de conflicto alrededor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El texto enviado por el Gobierno al Congreso propone modificar o dejar sin efecto varios artículos de la Ley 27.793, y la oposición cuestiona el alcance de esos cambios.
Entre los puntos más sensibles aparece la eliminación de la compatibilidad entre una pensión no contributiva por discapacidad y determinados ingresos laborales, además de modificaciones en el sistema de aranceles, en los mecanismos de actualización y en la cobertura de salud.
Uno de los cambios centrales está planteado sobre el artículo 14 de la Ley 27.793, que establece el principio de un nomenclador único nacional para las prestaciones del sistema de atención a personas con discapacidad.
La modificación planteada por el Gobierno cambia ese esquema y abre la posibilidad de que los valores de las prestaciones dejen de ser homogéneos para todo el sistema. Según cuestionaron legisladores opositores, los prestadores podrían quedar obligados a negociar de manera diferenciada con cada obra social, prepaga o jurisdicción.
El vicepresidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Juan Marino (Unión por la Patria), sostuvo que el cambio puede generar una fragmentación de los aranceles y una presión sobre los valores que reciben los prestadores.
A través del artículo 39 del Presupuesto, además, se sustituye el actual artículo 7 bis de la Ley 27.793. La nueva redacción establece que la universalidad del sistema no implica necesariamente la homogeneidad de los aranceles y elimina la referencia a valores universales.
También cambia el mecanismo de actualización. El esquema vigente contempla una actualización vinculada al índice de movilidad jubilatoria, mientras que la propuesta oficial establece otro mecanismo para determinar los valores.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que, con la nueva redacción, cada obligado —obra social, prepaga o Estado— podrá determinar los valores en su relación con los prestadores.
Según Ferraro, para el Estado Nacional se contempla una determinación trimestral de los aranceles por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad, pero sin establecer un índice de actualización equivalente al de la movilidad jubilatoria.
Qué cambia para las pensiones
Uno de los puntos de mayor impacto está contenido en el artículo 37 del proyecto de Presupuesto: la eliminación de la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y determinados ingresos provenientes de un empleo registrado o del monotributo, actualmente contemplada para ingresos de hasta dos salarios mínimos.
Marino cuestionó que el nuevo esquema pueda hacer que el acceso a un empleo registrado o una inscripción tributaria termine afectando la continuidad de la pensión.
El legislador también advirtió que se eliminan mecanismos vinculados a la suspensión temporaria y posterior rehabilitación de la pensión cuando finaliza una relación laboral.
La modificación introduce así un cambio en la relación entre el acceso al trabajo formal y la percepción de una prestación por discapacidad.
El proyecto también elimina el instrumento de estudio de costos utilizado para analizar los valores de las distintas prestaciones del sistema.
Marino sostuvo que esa herramienta permitía contemplar los costos específicos de cada servicio para actualizar los aranceles y puso como ejemplo el transporte para personas con discapacidad. Según señaló, actualmente se pagan alrededor de $900 por kilómetro, un valor que, de acuerdo con su planteo, no alcanza para cubrir los costos reales del servicio.
Otro de los cambios está relacionado con el artículo 5 de la Ley 27.793, que define a la persona con discapacidad tomando como referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Legisladores opositores cuestionaron la eliminación de esa referencia porque, según plantearon, podría modificar los criterios utilizados para determinar quiénes quedan comprendidos dentro del sistema.
Marino sostuvo que el cambio otorgaría al Poder Ejecutivo mayor margen para establecer los requisitos y revisar el universo de beneficiarios.
El artículo 41 del proyecto de Presupuesto, por su parte, elimina el artículo 8 de la Ley 27.793, referido a la cobertura de salud de los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad.
Para Marino, la modificación implica que la cobertura deje de estar establecida como un derecho legal exigible en los términos previstos por la legislación de emergencia.
El conjunto de cambios convirtió al Presupuesto 2027 en un nuevo escenario de discusión sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La controversia no se limita al monto de los recursos destinados al sector: también alcanza los mecanismos de actualización, el régimen de pensiones, los aranceles de las prestaciones y la cobertura de salud.
Marino cuestionó la incorporación de estas modificaciones dentro de la ley presupuestaria y sostuvo que modificar leyes de fondo mediante el Presupuesto podría entrar en conflicto con el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera 24.156 y con principios constitucionales vinculados a los derechos humanos.
Ferraro, por su parte, cuestionó la orientación de los cambios y sostuvo que afectan a un sector que atraviesa una situación de emergencia, con instituciones que enfrentan dificultades financieras y prestaciones que, según planteó, permanecen desactualizadas.
El proyecto deberá ahora atravesar el debate parlamentario, donde estos artículos estarán entre los puntos que concentrarán la discusión sobre el alcance del Presupuesto 2027 y su impacto sobre el sistema de discapacidad.
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