San Miguel de Tucumán tiene 254 edificios o propiedades sin final de obra sobre aproximadamente 1.450 inmuebles evaluados. La situación fue analizada este miércoles en una reunión entre concejales y funcionarios municipales, convocada a partir de la Resolución N.º 125/2026. Durante el encuentro, el presidente del Concejo Deliberante,
Fernando Juri, explicó que el relevamiento busca determinar por qué cada inmueble no cuenta con final de obra y qué medidas corresponden en cada caso.
“Lo que se está analizando ahora es que dentro de esos 254 edificios o propiedades que no tienen finales de obra, cuál es la situación en particular”, señaló Juri.
El titular del cuerpo legislativo remarcó que no todos los incumplimientos tienen la misma gravedad. “Una cuestión es que a un edificio le falten extinguidores o hayan construido una mayor cantidad de estacionamientos, por ejemplo. Ahora, cuando no tienen salidas de emergencia o hayan construido demasiados pisos en base al plano que habían presentado en el inicio, eso va variando”, explicó.
Sobre las posibilidades de regularización, Juri sostuvo que las excepciones deben evaluarse según las características de cada construcción y sin comprometer la seguridad de sus ocupantes.
“Mediante ordenanza se podría aprobar la excepción en tanto y en cuanto no signifique una inseguridad para las personas”, afirmó.
Constructoras bajo la lupa
Durante la reunión también se abordó la situación de empresas que recibieron sanciones municipales, pero continuaron sin cumplir con las normas vigentes.
“Se les ha aplicado una multa y, sin embargo, continúan con esta actitud”, señaló Juri, quien advirtió que, si persisten los incumplimientos, podrían avanzar con medidas más severas.
“Se tendrá que llegar en algún momento a la clausura, evidentemente, porque si siguen en esa actitud reticente a cumplir con la normativa vigente, tendremos que llegar a la clausura”, sostuvo.
No obstante, el presidente del Concejo buscó llevar tranquilidad a los vecinos y aclaró que la falta de final de obra no implica automáticamente el desalojo de quienes viven en esos edificios.
“No es que por una situación de que no tengan un final de obra se va a desalojar”, afirmó. Y explicó que una medida de esa naturaleza debería reservarse para los casos en los que exista un riesgo para la vida de las personas.
Juri también destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal para abordar una problemática que, según señaló, se arrastra desde hace años. En ese marco, vinculó el relevamiento con la discusión del nuevo Código de Planeamiento Urbano y puso a disposición del municipio las herramientas legislativas necesarias para avanzar en la regularización.
Por el momento, no se anunció un plazo definitivo para resolver los 254 casos. El análisis continuará de manera individual para establecer qué inmuebles pueden regularizarse, cuáles requieren adecuaciones y dónde corresponde aplicar sanciones más severas.