Actualidad: Retiros voluntarios: La apuesta de Milei por achicar el Estado divide a los economistas
19/10/2026
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El plan alcanza a unos 37.000 empleados de Presidencia y los ministerios. Mientras el Gobierno busca reducir el gasto, especialistas advierten que el ahorro podría ser marginal y alertan por la salida de personal calificado.
El Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo plan de retiros voluntarios para profundizar el recorte de personal de la Administración Pública Nacional (APN). La iniciativa alcanza a unos 37.000 empleados de la Administración Central, incluidos Presidencia y los ministerios, y apunta especialmente a trabajadores de mayor edad, próximos a jubilarse.
Sin embargo, la medida divide las opiniones de los economistas. Mientras algunos consideran que el ahorro fiscal podría ser limitado, otros advierten que el mecanismo puede acelerar la salida de personal calificado y debilitar las capacidades técnicas del Estado. También hay especialistas que respaldan la iniciativa, aunque sostienen que debe acompañarse con cambios estructurales en la administración pública.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el presupuesto de este año contempla unos $13,4 billones para el personal alcanzado. Hasta el momento, se ejecutaron $9,6 billones, equivalentes al 72% del crédito presupuestario autorizado. En el mismo período del año pasado, el gasto había sido de $10,4 billones.
El ahorro efectivo dependerá de cuántos trabajadores adhieran al programa, de las compensaciones que reciban y de si sus puestos son eliminados o cubiertos nuevamente.
Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), relativizó el impacto de la iniciativa sobre las cuentas públicas. “No tiene mucha relevancia” en el gasto, sostuvo, al considerar que el porcentaje de empleados que suele adherir a estos programas es bajo.
En esa línea, señaló que, en general, se trata de trabajadores próximos a jubilarse y planteó la necesidad de avanzar hacia una transformación más profunda de la administración pública. “El Estado necesita un ordenamiento integral con profesionalización”, afirmó.
Por su parte, Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), explicó que el efecto presupuestario depende de las condiciones concretas de implementación.
“Cuando hay un retiro voluntario, el impacto en el nivel de gasto depende de lo que suceda con los casos que efectivamente se incorporen”, señaló.
El economista precisó que, si los puestos no se reemplazan o son cubiertos con personal de menor costo, puede producirse una reducción del gasto. Sin embargo, ese ahorro debe compararse con las compensaciones abonadas al momento del retiro para determinar el resultado fiscal neto.
La advertencia por la pérdida de personal calificado
Pablo Moldován, director de la consultora C-P, cuestionó el enfoque del Gobierno y vinculó el programa con el ajuste salarial aplicado a los empleados públicos.
“Después de exponer a los trabajadores públicos a ajustes salariales inéditos, ahora se ofrecen esquemas de retiro voluntario”, afirmó. Y agregó que se trata de un mecanismo orientado a “achicar el Estado y destruir las capacidades del capital humano del sector público”.
Moldován advirtió que experiencias anteriores de este tipo pueden provocar la salida de los trabajadores más calificados, con consecuencias sobre la profesionalización de la administración y su capacidad de planificación.
“Son métodos que ya se aplicaron en otros momentos y que suelen tener como resultado la expulsión de los trabajadores más calificados, desprofesionalizando al Estado y empobreciendo sus capacidades de injerencia y planificación”, sostuvo.
Además, señaló que el programa se implementa en un contexto de menores márgenes para profundizar el ajuste fiscal y de dificultades en el mercado laboral.
El respaldo de Libertad y Progreso
Desde otra perspectiva, Iván Cachanosky, jefe de Políticas Públicas de la fundación Libertad y Progreso, consideró que el nuevo plan constituye “una señal en la dirección correcta”.
El economista destacó dos aspectos del diseño: la eliminación del cargo presupuestario correspondiente a quienes se acojan al retiro y la prohibición de reingresar al sector público durante ocho años.
Sobre el primer punto, sostuvo que, si se cumple, permitiría garantizar que la reducción del gasto sea permanente y no quede neutralizada por nuevas incorporaciones. Respecto de la restricción de reingreso, consideró que limita el riesgo de que los trabajadores regresen posteriormente a la administración pública.
No obstante, advirtió que el resultado dependerá de la adhesión efectiva al programa. Si la convocatoria tiene poca participación, el impacto fiscal podría terminar siendo marginal.
Cachanosky también remarcó que reducir la cantidad de empleados no alcanza, por sí solo, para mejorar el funcionamiento estatal.
“Sin una reforma más profunda del empleo público, que incluya evaluación de desempeño real y rediseño de funciones, el Estado puede volverse más chico en número sin volverse más eficiente”, concluyó.
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