Actualidad: Tucumán prorrogó hasta 2027 la ley que frena las ejecuciones prendarias de planes de ahorro
16/10/2026
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La Legislatura extendió por un año la vigencia de la Ley 9405, que suspende las ejecuciones prendarias sobre vehículos adquiridos mediante planes de ahorro hasta 2022, con o sin cautelar. Nelson Casanova destacó el alivio para miles de familias, pero advirtió que persisten los reclamos por deudas millonarias, cobros abusivos y presiones a los damnificados.
Miles de familias tucumanas que enfrentan conflictos por planes de ahorro para la compra de vehículos tendrán un año más de protección frente a las ejecuciones prendarias. La Legislatura de Tucumán aprobó la prórroga de la Ley 9405, una normativa que suspende este tipo de ejecuciones sobre vehículos adquiridos hasta 2022, con o sin medidas cautelares, y cuya vigencia se extenderá hasta diciembre de 2027.
La decisión representa un nuevo alivio para los damnificados, aunque no resuelve el conflicto de fondo: las deudas reclamadas por las administradoras, los montos que los afectados consideran desproporcionados y las dificultades para obtener explicaciones claras sobre cómo se calculan las sumas exigidas.
En una entrevista con Parte de Prensa, Nelson Casanova, referente de los damnificados, valoró la aprobación de la prórroga y reconoció que no esperaba que la iniciativa consiguiera el respaldo legislativo. “No pensaba que sea muy factible que la aprueben”, admitió. Sin embargo, destacó que los legisladores acompañaron una medida que considera importante para las familias que todavía no pudieron resolver su situación.
La iniciativa original surgió de una propuesta impulsada por la Defensoría del Pueblo en 2021-2022, a partir de un proyecto presentado por Sofía Salazar Herrera, según explicó Casanova. La extensión permitirá que los afectados dispongan de más tiempo para buscar asesoramiento jurídico, revisar sus deudas y avanzar en los reclamos correspondientes.
“Hasta diciembre del año 2027 miles de familias van a poder seguir conservando su auto”, remarcó. De todos modos, aclaró que la prórroga no constituye una solución definitiva y expresó su expectativa de que la norma se implemente cuanto antes.
Casanova denunció deudas millonarias y falta de transparencia
El referente advirtió que los problemas denunciados por los damnificados continúan y cuestionó los montos que algunas empresas y agencias de cobranza pretenden exigir. Según relató, existen reclamos que alcanzan los $10 millones, $15 millones, $25 millones y hasta $30 millones, sin que los afectados siempre encuentren una explicación clara sobre la composición de esas cifras.
“Lo que nosotros cuestionamos y atacamos, o nos defendemos, es de los cobros abusivos, de la falta de transparencia del sistema”, sostuvo.
Casanova describió situaciones en las que una misma persona recibe comunicaciones de distintos estudios jurídicos o agencias de cobranza, radicados en diferentes provincias, con propuestas de pago y montos que no coinciden.
“Vos le debés a una administradora cualquiera, pero resulta que te llaman tres estudios jurídicos, tres estudios de cobranza de diferente nombre, de diferentes provincias, pidiendo diferentes montos y diferentes acuerdos”, relató.
El dirigente aclaró que los damnificados no pretenden desconocer las obligaciones legítimas ni impedir que las empresas cobren lo que corresponde. El reclamo, insistió, apunta a que las deudas estén correctamente calculadas y que exista transparencia sobre los importes exigidos.
“Queremos que le vaya bien a todos los concesionarios y a todas las administradoras”, afirmó. Y agregó que el cuestionamiento se centra en los cobros que consideran abusivos y en la falta de claridad del sistema.
Para graficar la situación, mencionó el caso de Ángel Soria, integrante del grupo de damnificados, a quien —según contó— le reclaman $37 millones por una cautelar vinculada con una Fiat Estrada modelo 2018. Casanova aseguró que su amigo había pagado todas las cuotas y cuestionó la razonabilidad del monto exigido.
“¿Cómo componen el monto? ¿Cómo componen la pretensión?”, preguntó, al poner en duda la cifra reclamada.
Alerta por las presiones y las posibles estafas
Otro de los puntos que planteó Casanova fue el hostigamiento que, según las denuncias que recibe, sufren algunas familias mediante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos. Aseguró que hay personas que reciben comunicaciones reiteradas para que acepten acuerdos o realicen pagos sin tener suficiente información sobre el origen de la deuda.
También advirtió sobre mensajes que incluyen referencias a supuestos embargos preventivos, medidas judiciales y patentes de vehículos, una modalidad que puede generar temor entre quienes desconocen los procedimientos legales.
“Te atosigan por WhatsApp y por llamadas. Te llaman 40 veces por dia”, describió.
Casanova cuestionó, además, la utilización de comunicaciones informales para reclamar deudas y manifestó su preocupación por las dificultades que enfrentan las víctimas de estafas telefónicas y digitales. En ese contexto, consideró que los damnificados quedan expuestos cuando no pueden verificar con claridad quién los contacta ni qué respaldo tiene el reclamo.
Como medida preventiva, recomendó no realizar pagos apresurados y buscar asesoramiento legal antes de aceptar acuerdos. También señaló que, según las orientaciones recibidas de los abogados que colaboran con el grupo, la carta documento constituye una vía formal para dejar constancia de las comunicaciones con las empresas, de acuerdo con las condiciones contractuales de cada caso.
La prórroga de la Ley 9405 les dará a los afectados un margen adicional para analizar sus situaciones, pero el referente insistió en que el tiempo debe aprovecharse para avanzar en la defensa de sus derechos.
Casanova explicó que el grupo funciona de manera independiente, sin padrinos políticos y sin cobrar por la asistencia que brinda. Los integrantes buscan información y cuentan con la colaboración de abogados y contadores para orientar a las familias.
Quienes necesiten contactarlos pueden acercarse a la sede de FODECUS, ubicada en avenida Alem 1274, en San Miguel de Tucumán. Advirtió que no están allí todos los días porque sus integrantes tienen otros trabajos, pero también brindó un teléfono de contacto: 381 391-4821. Para quienes no tengan un abogado de confianza, recomendó consultar la página del Colegio de Abogados de Tucumán y buscar un profesional por nombre, apellido o matrícula.
La extensión de la ley representa un alivio para miles de familias que temen perder sus vehículos, pero deja abierto el desafío de resolver los reclamos económicos que dieron origen al conflicto. Para Casanova, la prioridad es que los damnificados conozcan sus derechos, verifiquen cada intimación y no cedan ante presiones para pagar cifras que no comprenden.
Su advertencia final fue directa: “No se dejen apurar ni apretar con nadie que los llame por teléfono ni que les diga ‘ya depositá’, porque hay mucha estafa y mucha gente que se hace pasar por cobradores que roban datos”.
Y concluyó con una frase que resume su recomendación a los afectados: “El que paga mal, paga dos veces”.
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