Actualidad: Milei negocia con las universidades para evitar otra crisis y blindar el Presupuesto 2027
24/10/2026
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Tras las tensiones por la Ley de Discapacidad, la Casa Rosada busca un acuerdo con los rectores para destrabar el financiamiento universitario y reducir el frente judicial. Sobre la mesa hay más fondos o cambios en las contribuciones patronales, pero el Presidente impone una condición: no romper el equilibrio fiscal.
El Gobierno de Javier Milei busca desactivar otro frente de conflicto antes del cierre del año. Después de las tensiones políticas por la reforma del sistema de Discapacidad, la Casa Rosada apunta ahora a alcanzar un acuerdo con las universidades nacionales para modificar el esquema de financiamiento, reducir la disputa judicial y evitar nuevas movilizaciones masivas.
La negociación se vincula con el tratamiento del Presupuesto 2027 y con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En el Ejecutivo evalúan dos alternativas principales: aumentar las partidas destinadas a las casas de estudio o introducir cambios en el régimen de contribuciones patronales para aliviar sus costos.
“La idea es cerrar el tema Discapacidad y meter las partidas dentro del Presupuesto 2027”, aseguró un funcionario de primera línea del Gobierno. En Balcarce 50 consideran que el costo fiscal de los entendimientos alcanzados en el Congreso es manejable y que existe margen para avanzar en una salida negociada.
El objetivo político es evitar que el conflicto universitario vuelva a escalar durante el verano y se convierta en otro foco de desgaste para la administración libertaria de cara a las elecciones de 2027.
La diferencia económica, sin embargo, sigue siendo significativa. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,7 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que las necesidades ascienden a unos $11 billones. La brecha entre ambas posiciones ronda los $3,3 billones.
En el Gobierno descartan aceptar sin modificaciones el monto reclamado por los rectores y analizan negociar una cifra intermedia. “Hay opciones de negociación. Una es subir en un intermedio los fondos, entre lo que damos y lo que piden, y otra es llegar a un acuerdo por las contribuciones patronales de ARCA”, explicó otra fuente oficial.
La segunda alternativa consiste en revisar las obligaciones previsionales de determinadas universidades nacionales. El Ejecutivo estudia cambios en el esquema de contribuciones patronales para aliviar parte de los costos salariales sin cubrir toda la diferencia mediante transferencias directas del Tesoro.
El régimen está vinculado con el Decreto 1571/2010 y sus modificaciones posteriores, entre ellas el Decreto 645/2023, que estableció una convergencia progresiva hacia las alícuotas generales una vez canceladas determinadas deudas previsionales. Para las instituciones alcanzadas, la tasa correspondiente a los subsistemas incluidos pasa del 13,65% en 2026 al 14,52% en 2027.
Todavía no hay una definición sobre los porcentajes que podrían modificarse ni sobre el instrumento normativo que se utilizaría. La intención oficial es encontrar una fórmula que permita acercar posiciones con las universidades y, al mismo tiempo, limitar el impacto fiscal.
El trasfondo de la negociación es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de recomposición salarial y actualización de recursos para las instituciones públicas. La Casa Rosada busca modificar el esquema vigente mediante un entendimiento político que pueda traducirse en cambios presupuestarios y obtener respaldo legislativo.
El frente judicial agrega presión a las conversaciones. El Gobierno mantiene una disputa por la aplicación de la norma y cuestiona el impacto de las obligaciones que establece sobre las cuentas públicas. En octubre, la Justicia avanzó sobre aspectos de la reglamentación y el Ejecutivo apeló decisiones adversas.
Además, durante ese mes se habilitaron nuevas apelaciones del Gobierno y quedaron provisoriamente en suspenso las multas diarias de $100.000 que pesaban sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Esas decisiones no resolvieron la controversia de fondo ni determinaron definitivamente si el Estado cumplió con las obligaciones cuestionadas.
Un eventual acuerdo con las autoridades universitarias podría modificar el escenario político de la disputa, aunque no dejaría sin efecto automáticamente las resoluciones judiciales.
La negociación también llega después de una nueva Marcha Federal Universitaria y de un endurecimiento de la posición pública de los rectores. El CIN rechazó las críticas del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y cuestionó el incumplimiento de la ley. Las autoridades universitarias, además, entregaron al papa León XIV un documento sobre la crisis presupuestaria del sistema y reclamaron respeto por las decisiones del Congreso y de la Justicia.
El problema para Milei no es solamente presupuestario. Dentro del oficialismo existen diferencias sobre las concesiones que el Gobierno está dispuesto a realizar para sostener acuerdos parlamentarios. Los cambios vinculados con Discapacidad y otras negociaciones legislativas alimentaron las críticas de sectores que consideran que la administración está cediendo terreno respecto de su programa original.
“Nuestro límite es el equilibrio fiscal. Esa es la línea que bajó el Presidente y la vamos a respetar”, sostuvo un funcionario nacional. En el Ejecutivo reconocen que el margen parlamentario es reducido y que varias modificaciones avanzaron porque La Libertad Avanza no tenía los votos suficientes para bloquearlas.
Otra fuente oficial resumió esa dificultad con una frase contundente: “Son temas en los que ya perdimos catorce a cero y tenemos que resolverlos”.
La estrategia de la Casa Rosada consiste, así, en negociar en aquellos frentes donde no puede imponer su posición en el Congreso, sin abandonar públicamente la meta del equilibrio fiscal. El desafío es encontrar concesiones que permitan desactivar conflictos sin comprometer la política económica.
Con ese criterio, el Gobierno buscará avanzar con las universidades durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados. La negociación todavía no tiene una propuesta definitiva, pero las alternativas ya están sobre la mesa: más recursos, cambios en las contribuciones patronales o una combinación de ambas herramientas.
La apuesta de Milei es llegar al cierre del año con el conflicto universitario encaminado, reducir la presión judicial y evitar nuevas protestas masivas. El límite político y económico está definido por el propio Presidente: conseguir acuerdos sin abandonar el equilibrio fiscal.
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