El caso salió a la luz luego de que la División Servicio Médico Laboral de la Policía de Tucumán detectara irregularidades en los documentos presentados por la agente, quien trabajaba en la Dirección de Monitoreo 911. Durante más de un año, la mujer entregó certificados con firmas y contenidos falsificados para justificar licencias médicas, evitando así descuentos salariales por ausencias.
La investigación reveló que la maniobra se extendió entre octubre de 2022 y noviembre de 2023, período en el que la acusada presentó un total de 12 certificados apócrifos. La fiscalía calificó el hecho como uso de documento falso en forma reiterada, en concurso ideal con defraudación agravada. En la audiencia del 26 de mayo, el Ministerio Público Fiscal presentó un acuerdo de juicio abreviado, el cual fue aceptado por la jueza interviniente.
Además de la pena condicional, la condenada deberá cumplir reglas de conducta y abonar la compensación económica al Estado. La sentencia busca sentar un precedente sobre el uso indebido de documentación oficial y la responsabilidad de los agentes públicos en el cumplimiento de sus funciones.
El caso ha generado debate sobre los controles internos en las fuerzas de seguridad y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para evitar fraudes similares en el futuro. Mientras tanto, la policía continúa con la revisión de otros posibles casos de irregularidades en licencias médicas dentro de la institución.