La baja en los fondos coparticipables ha encendido alarmas en las provincias, que ven cómo sus ingresos se reducen drásticamente en un contexto de ajuste fiscal. Según los últimos datos, las transferencias nacionales cayeron un 26,2% interanual, afectando la planificación de infraestructura y el financiamiento de servicios esenciales.
Ante este escenario, los gobernadores han iniciado gestiones para reclamar una compensación al Gobierno Nacional y explorar nuevas fuentes de financiamiento. La preocupación se centra en el impacto que esta caída tendrá en la obra pública, especialmente en proyectos viales y de desarrollo urbano que dependen de estos recursos.
Además, la merma en la recaudación de impuestos como el IVA y Ganancias ha profundizado la crisis, generando un déficit estructural en varias provincias. Mientras algunas jurisdicciones han optado por ajustes en el gasto, otras evalúan alternativas como la búsqueda de financiamiento internacional o la reestructuración de partidas presupuestarias.
El debate sobre la coparticipación se ha convertido en un eje central de la agenda política, con gobernadores de distintos espacios reclamando una revisión del esquema de distribución. La incertidumbre sobre el futuro de estos fondos plantea un desafío para la estabilidad económica de las provincias y la continuidad de proyectos clave.