El esquema consistía en ofrecer departamentos en construcción bajo la modalidad de “venta en pozo”, con cuotas accesibles y promesas de entrega que nunca se cumplían. En muchos casos, el mismo inmueble fue vendido a varias personas, y las obras quedaron paralizadas o directamente no se iniciaron. Las zonas más afectadas incluyen barrios como Caballito, Almagro, Liniers y Balvanera.
La investigación reveló que los acusados operaban a través de al menos 20 sociedades distintas, muchas de ellas creadas entre 2019 y 2023, con nombres ajenos al rubro inmobiliario. Según la fiscal Mónica Cuñarro, se trató de una asociación ilícita organizada, con un plan sistemático para captar fondos y desviarlos a través de testaferros y empresas pantalla.
Los damnificados, en su mayoría trabajadores que buscaban acceder a su primera vivienda, comenzaron a organizarse en redes sociales al notar que compartían el mismo drama: departamentos vendidos múltiples veces, obras abandonadas y promesas incumplidas. “El 80% de mis representados no es gente adinerada. Perdieron todo”, explicó el abogado Fernando Madeo Facente.
La jueza dictó procesamiento con prisión preventiva para los principales implicados y ordenó embargos millonarios sobre sus bienes. La causa sigue sumando denuncias y podría derivar en nuevas imputaciones a inmobiliarias que actuaron como intermediarias.
El caso expone una de las estafas inmobiliarias más grandes de los últimos años en Argentina y deja al descubierto la falta de controles sobre fideicomisos y desarrollos de pozo, una modalidad que, sin regulación efectiva, puede convertirse en una trampa para miles de familias.