Según fuentes oficiales, el INTA cuenta con más de 101 mil hectáreas, de las cuales 47.500 no están en uso efectivo. Algunas presentan problemas de acceso físico, usurpaciones, o falta de infraestructura básica, mientras que otras están bajo modalidades de gestión privadas, como asociaciones cooperadoras o empresas mixtas. El análisis contempla no solo las tierras inactivas, sino también aquellas que, aun estando en uso, no son consideradas esenciales para la investigación y transferencia tecnológica.
La revisión incluye aspectos legales como el tipo de título de propiedad: donaciones con cargo, que impiden la venta, y donaciones sin cargo, que sí habilitan la enajenación. En algunos casos, se evalúa trasladar actividades productivas a predios no comercializables para liberar terrenos aptos para la venta.
Sturzenegger justificó la medida en base a datos de gestión: el INTA posee más de 6.000 empleados, 2.400 vehículos, 932 cargos jerárquicos y un presupuesto que supera los $400.000 millones, equivalente al 47% de lo recaudado por retenciones al maíz. El decreto que transformó al organismo en una entidad desconcentrada bajo la Secretaría de Agricultura eliminó su conducción colegiada y habilitó al Ejecutivo a tomar decisiones patrimoniales sin intervención del Consejo Directivo.
La posible venta de tierras genera inquietud en sectores productivos y técnicos, que advierten sobre el riesgo de desarticulación territorial y la pérdida de espacios estratégicos para el desarrollo agropecuario. El Gobierno, en cambio, sostiene que se trata de una optimización de recursos y una forma de reducir el gasto público sin afectar la capacidad operativa del organismo.