Más de 11 mil profesionales participaron de la evaluación. Sin embargo, Salud decidió anular los resultados de quienes obtuvieron 86 puntos o más, bajo una sospecha de fraude que no fue demostrada ni investigada con transparencia.
Camila Gutiérrez y
Lucía Aceval, médicas formadas en la Universidad de Buenos Aires (
UBA), son parte de ese grupo. Ambas obtuvieron calificaciones superiores al umbral marcado arbitrariamente por el Ministerio de Salud y fueron notificadas para rendir nuevamente.
“Sacamos más de 86 puntos, estudiamos durante más de seis meses, y se nos acusa de un fraude injustamente”, denunciaron en el programa Ahora dicen, de FutuRock.
El relato oficial habla de 268 casos sospechosos, de los cuales 149 serían de estudiantes con títulos extranjeros. Pero lejos de focalizar la investigación, el Gobierno optó por arrasar con una medida generalista: anular los exámenes de todos los que superaron los 86 puntos. Así lo confirmó el ministro Mario Lugones en redes sociales. El trasfondo es claro: disciplinamiento, ajuste y una narrativa que busca demonizar al extranjero y socavar la credibilidad del sistema público.
Mientras el vocero presidencial
Manuel Adorni promete ir “a fondo” contra los que “sabotearon el proceso”, el Ministerio de Salud ejecuta una decisión que pone en riesgo la carrera y la estabilidad emocional y laboral de cientos de jóvenes médicos.
“No estamos en contra de que se investigue si hubo irregularidades, pero no se puede castigar a todos sin pruebas”, expresaron las médicas. “Nos metieron en la misma bolsa con los supuestos implicados. Lo nuestro fue legítimo. Nos ganamos ese puntaje con estudio y esfuerzo”.
La situación se agrava en un contexto ya hostil para el sector. A principios de mes, el gobierno nacional degradó el estatus laboral de los residentes, convirtiéndolos en becarios. Un paso más en la precarización estructural de una de las piezas clave del sistema sanitario.
En paralelo, el Foro de Sociedades Médicas Argentinas –que nuclea a 23 entidades científicas del país– emitió un comunicado de respaldo a los residentes, alertando sobre el vaciamiento del sistema. “El pago a residentes debe permitirles desarrollar un proyecto de vida acorde al esfuerzo de una carrera de más de cinco años”, señalaron.
El Gobierno no solo sospecha sin pruebas: también actúa sin responsabilidad. Apunta contra quienes sostienen el sistema de salud en condiciones cada vez más frágiles, mientras insiste con una narrativa de eficiencia y orden que, en la práctica, castiga al mérito real y a quienes aún apuestan a formarse y trabajar en el país.
Los residentes no solo merecen respeto: merecen políticas que los contengan, no decisiones que los arrasen.