Preska no definirá si revierte su fallo, sino si lo congela temporalmente. Si concede la suspensión, los fondos no podrán ejecutar la sentencia hasta que se resuelva la apelación. Si la rechaza, Argentina quedará expuesta a sanciones por incumplimiento y a posibles embargos de activos estatales.
La audiencia del martes 15 también será clave: se debatirá si empresas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central pueden ser consideradas “alter ego” del Estado y quedar sujetas a embargos. El caso YPF se convierte así en un test institucional sobre los límites de la jurisdicción extranjera y la defensa de los activos estratégicos del país.