Además, los abogados de las víctimas pidieron investigar a M.M., hija de Ariel Márquez, por su presunto rol en el armado de cuatro empresas offshore junto a su esposo, ciudadano estadounidense. Ambos habrían actuado como pantalla legal para canalizar fondos fuera del país.
La Justicia busca ahora rastrear el flujo de dinero, identificar activos en el extranjero y determinar si es posible iniciar acciones para repatriar fondos y resarcir a los damnificados. El caso se perfila como uno de los más complejos y costosos en la historia judicial de Córdoba.