Por un lado, se negocia con gobernadores aliados, especialmente de provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en los últimos meses. El Ejecutivo evalúa nuevas transferencias discrecionales como gesto político, aunque reconoce que el reparto previo no garantizó fidelidad legislativa.
Por otro, se busca consolidar apoyos entre bloques parlamentarios afines, como el PRO, el MID, los radicales “con peluca” y diputados sin terminal política provincial. En algunos casos, se ofrecen concesiones puntuales, como un paliativo en discapacidad para sumar voluntades sin ceder en el contenido central del veto.
La negociación está encabezada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, con participación de Karina Milei, Luis Caputo y Santiago Caputo, quien reapareció como interlocutor pese a las tensiones internas por el cierre de listas bonaerenses.
El oficialismo calcula que necesita entre 72 y 87 votos negativos o abstenciones para bloquear la insistencia opositora. La ley previsional fue aprobada con 142 votos a favor, lo que obliga al Gobierno a sumar ausencias, abstenciones y apoyos tácticos para sostener el veto.
Mientras tanto, los gobernadores presionan por una coparticipación automática de los ATN y por una reforma en la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo aún no presentó una oferta formal, pero admite que el resultado de esta pulseada definirá el margen político para sostener su programa económico en plena campaña.
La sesión clave en Diputados se proyecta para la primera semana de agosto, y será el termómetro real del poder de fuego legislativo del oficialismo. En juego no solo están los vetos, sino la viabilidad del ajuste fiscal como eje de gobierno.