Las normas vetadas incluían un aumento real del 7,2% para jubilaciones y pensiones, la suba del bono de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación, y la posibilidad de acceder al haber mínimo mediante compra de aportes faltantes. También se proponía una pensión no contributiva compatible con empleo formal y actualizaciones automáticas para prestadores del sistema de discapacidad.
El gobierno justificó el veto alegando que las medidas implicaban un gasto adicional del 1,68% del PBI y más de $4,7 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento claras. Además, denunció irregularidades en el tratamiento legislativo y presiones electorales de cara a octubre.
Desde el oficialismo confían en sostener el veto en Diputados, donde necesitan evitar los dos tercios para revertirlo. Mientras tanto, gobernadores y bloques opositores analizan estrategias para insistir con los proyectos, en un clima de alta tensión institucional.