Según el interventor José Díaz, la maniobra consistía en presentar documentación viciada —como historias clínicas incompletas o certificados falsos— para simular que los fallecidos aún prestaban servicios, lo que habilitaba el cobro de indemnizaciones. Los reclamos eran canalizados por un estudio jurídico que contactaba a los deudos y gestionaba los pagos ante organismos provinciales y municipales.
La investigación, iniciada en 2022, se profundizó tras la aparición de audios atribuidos a exfuncionarios de la Caja y del municipio de San Miguel de Tucumán. Hasta el momento, hay al menos cinco personas imputadas, entre ellas una letrada que habría actuado como nexo entre el estudio jurídico y la administración pública.
El caso está en manos de la Fiscalía Especializada en Usurpaciones, Estafa y Cibercriminalidad, que analiza la trazabilidad de los pagos, la autenticidad de los expedientes y el rol de cada actor involucrado. La Caja Popular busca recuperar los fondos y reforzar los controles internos para evitar nuevas maniobras.
Este episodio pone en foco la vulnerabilidad de los sistemas de gestión estatal y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y auditoría en organismos que manejan recursos públicos sensibles.