Fernández había sido procesado por “negociaciones incompatibles con la función pública”, con un embargo de más de $14.600 millones y prohibición de salida del país. La causa investiga si, a partir del Decreto 823/2021, el Gobierno centralizó la contratación de seguros en Nación Seguros S.A., habilitando la intervención de intermediarios privados con comisiones superiores a las de mercado y un posible perjuicio para el Estado.
En su voto en disidencia, Hornos consideró que el fallo vigente no era una sentencia definitiva y que la defensa no había demostrado un agravio irreparable. Además, sostuvo que el dictamen del fiscal Raúl Pleé justificaba avanzar con la causa, al describir un “esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales”.
La anulación del procesamiento no desvincula automáticamente a los demás imputados, entre ellos Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y Bri Brokers S.A. Borinsky advirtió que la Cámara Federal deberá revisar el alcance de la resolución respecto de cada uno, según su situación procesal y el grado de conexidad.
De esta manera, el expediente vuelve a etapa de revisión y abre un nuevo capítulo en la investigación sobre la contratación de seguros estatales durante la gestión de Alberto Fernández.