El Gobierno, además, argumentó que la CGT impugnó la ley sin demostrar un perjuicio concreto derivado de su aplicación. Según el Ejecutivo, la mera vigencia de la norma no constituye un daño actual que justifique la intervención judicial. También cuestionó la legitimación de la central obrera para impulsar una acción colectiva de este tipo, al sostener que como entidad de tercer grado no puede representar automáticamente a todos los trabajadores sin acreditar una afectación específica.