Desde las cámaras empresariales y cooperativas vinculadas al biodiésel y bioetanol, se advierte que la demora afecta la planificación de inversiones, la estabilidad laboral y la competitividad frente a otros países de la región. También se señala que el marco actual, prorrogado en forma transitoria, no responde a las necesidades tecnológicas ni ambientales del presente.
En provincias como Tucumán, Córdoba y Santa Fe, donde la producción de bioetanol y biodiésel tiene fuerte impacto económico, el reclamo se intensificó en las últimas semanas. Dirigentes locales piden que se reactive el debate parlamentario y se escuche a los actores del sector, que ya presentaron propuestas técnicas y estudios de impacto.
El retraso también genera tensiones con el cumplimiento de metas ambientales, ya que los biocombustibles son considerados una herramienta clave para reducir emisiones y avanzar hacia una matriz energética más limpia. La falta de una ley actualizada pone en riesgo los compromisos asumidos por Argentina en materia de transición energética.
Mientras tanto, el sector continúa operando bajo un esquema de incertidumbre, con precios regulados y márgenes de rentabilidad ajustados. La expectativa está puesta en que el Congreso retome el tratamiento del proyecto antes de fin de año, para evitar mayores perjuicios y consolidar una política de Estado que promueva la producción sustentable.