Desde el Ejecutivo provincial se justificó el gasto como una inversión en calidad democrática, señalando que el nuevo sistema permitió agilizar el escrutinio, reducir el margen de error y garantizar mayor equidad entre las fuerzas políticas. También se destacó que la impresión fue realizada por empresas locales, lo que generó empleo y movimiento económico en la región.
Sin embargo, sectores opositores y organizaciones civiles cuestionaron el monto, considerando que podría haberse optimizado o destinado a otras áreas prioritarias como salud, educación o asistencia social. También pidieron informes detallados sobre el proceso de contratación, los proveedores involucrados y los criterios técnicos utilizados.
El debate se da en un contexto de creciente exigencia ciudadana por la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto público. La cifra de $1.200 millones se suma a otros costos asociados al proceso electoral, como logística, capacitación, seguridad y tecnología, que también están bajo revisión.
La implementación de las BUP fue uno de los cambios más significativos en la historia reciente del sistema electoral tucumano, y su impacto sigue siendo evaluado por especialistas, partidos y organismos de control. Mientras tanto, el gasto en impresión se convierte en un nuevo eje de discusión sobre cómo se administra el presupuesto en tiempos de crisis.