El titular del Concejo remarcó que la reunión mantenida con todos los concejales tuvo como eje central la trascendencia del tema y la necesidad de construir un debate serio, profundo y participativo. “Esta primera reunión se hace por la importancia que tiene esta ordenanza. Tiene que ver directamente con la calidad de vida de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán”, sostuvo, y advirtió que el proceso demandará tiempo y responsabilidad política. “Esto va a llevar mucho tiempo, porque hay varios ítems y muchas materias que deben analizarse con seriedad”, agregó.
Juri explicó que la dinámica de trabajo comenzará formalmente la primera semana de marzo, con la apertura del período de sesiones ordinarias, y se organizará a través de audiencias públicas divididas por materias. “Se va a trabajar por ejes, como infraestructura, transporte, medio ambiente, servicios públicos. En cada una de esas áreas hay muchos actores que tienen que participar”, señaló. En ese marco, garantizó la participación de todos los sectores con pertinencia, incluidos colegios profesionales, especialistas, organizaciones no gubernamentales y centros vecinales. “Va a ser una tarea ardua, pero van a ser escuchados todos los sectores, incluso los vecinos, porque también hay un área de sociedad civil y territorio”, enfatizó.
Al ser consultado sobre los principales desafíos del debate, Juri no dudó en destacar la complejidad de los servicios públicos. “Sin duda es uno de los temas más importantes dentro de la materia global, aunque todos los temas son relevantes: medio ambiente, transporte, infraestructura. Estamos hablando del funcionamiento integral de la ciudad”, afirmó, y volvió a insistir en la mirada de largo plazo: “No nos olvidemos que estamos planificando una ciudad sustentable para 40 o 50 años”.
Por su parte, el concejal Facundo Vargas Aignasse detalló cómo se estructurará el trabajo legislativo y confirmó que el proceso se dividirá en tres etapas bien definidas. “La reforma se va a llevar adelante a través de una etapa de diagnóstico, una etapa de recepción de todos los pronunciamientos que realicen los distintos sectores, y una tercera etapa que será la elaboración del proyecto y del anteproyecto”, explicó. En ese sentido, indicó que ya comenzaron las primeras reuniones con integrantes del Departamento Ejecutivo que forman parte de la comisión, con el objetivo de fijar fechas y definir la dinámica de las audiencias.
Vargas Aignasse subrayó que el diagnóstico se materializará precisamente a través de las audiencias públicas. “En esas audiencias serán convocados todos los sectores a los que hizo referencia el presidente: Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, quienes tienen a cargo el patrimonio histórico, y todos los actores sociales que van a participar en esta reforma”, señaló, y aclaró que actualmente se trabaja en el reglamento que ordenará el funcionamiento de esas instancias. “Una audiencia tiene que ser organizada, con reglas claras de participación. Estamos desarrollando ese reglamento para poder ponerlo a disposición y avanzar”, afirmó.
Respecto a los tiempos, el presidente de la comisión especial coincidió con Juri en la necesidad de no imponer plazos rígidos. “No tenemos que ponernos tiempos forzados. Un tema tan importante requiere tomarse el tiempo que corresponde”, sostuvo, aunque estimó que el trabajo podría extenderse hasta fin de año. “Si nos tenemos que tomar un año de trabajo con esto, lo vamos a hacer”, aseguró.
Uno de los ejes destacados por Vargas Aignasse fue la amplitud temática del debate. Confirmó que dentro de las audiencias se abordarán cuestiones como movilidad urbana, medio ambiente, planificación del cableado, servicios públicos y publicidad en la vía pública. “Todo eso se puede debatir en la audiencia, se puede recepcionar como opinión y se puede tomar una decisión al respecto. Para eso es la comisión y para eso estamos reformando el código”, afirmó.
En cuanto a los plazos concretos, Juri fue prudente y descartó fechas cerradas. “No podemos dar un plazo. Va a llevar el tiempo necesario y prudente para que sean escuchadas todas las voces y podamos dar algo que realmente sirva a la comunidad, algo concreto, contundente y eficaz”, expresó. En ese marco, destacó como un eje central la transparencia del proceso. “Todas las reuniones que haga la comisión con los distintos actores van a ser televisadas y transmitidas por nuestro canal de YouTube. La prensa va a poder participar de cada sesión y audiencia”, anunció.
Durante el contacto con los medios, Juri también se refirió a otros temas de la agenda política. Consultado sobre la baja de la edad de imputabilidad, fijó una postura clara: “Yo comparto la baja de la imputabilidad”, afirmó, aunque advirtió que debe estar acompañada por evaluaciones profesionales rigurosas. “Hay que analizar si ese menor tuvo conciencia real del acto delictivo que cometió. Eso se puede determinar con estudios psicológicos y psiquiátricos con personal especializado”, explicó, y agregó: “En casos de reincidencia, está claro que hay conciencia del acto criminal”.
Finalmente, al ser consultado sobre los reclamos vinculados a la reglamentación de ordenanzas, como la del cableado aéreo o la SAP, Juri fue categórico al marcar los roles institucionales. “El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza y fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Ahora le corresponde al Ejecutivo hacer la reglamentación para ponerla en ejecución”, sostuvo, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras modificaciones. “Si se plantean cambios, ya sea por el Ejecutivo o por los sectores involucrados, el Concejo se abocará a analizarlos”, concluyó.
Con el inicio de este proceso, el Concejo Deliberante abre una discusión de fondo sobre el modelo de ciudad. Para Juri y Vargas Aignasse, el desafío es construir consensos amplios y dejar una herramienta normativa sólida que ordene el crecimiento urbano y siente las bases de una San Miguel de Tucumán más sustentable, planificada y pensada para las próximas generaciones.