En una jornada que se extendió hasta la medianoche, la Cámara de Diputados le dio al Gobierno de
Javier Milei dos triunfos legislativos de alto impacto político y económico: la media sanción a la
Reforma Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de
16 a 14 años, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Con aplausos del oficialismo y fuertes críticas de la oposición, el recinto fue escenario de un debate que expuso dos modelos de país: uno centrado en el endurecimiento penal y la apertura comercial, y otro que advirtió sobre riesgos sociales y pérdida de soberanía.
Ambos proyectos ahora deberán ser tratados por el Senado.
Baja de imputabilidad: 14 años en el centro del debate
La iniciativa que reforma el régimen penal juvenil obtuvo 149 votos afirmativos contra 100 negativos. El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en comisiones y articuló apoyos del PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal.
El proyecto establece que los menores de entre 14 y 18 años podrán ser penalmente responsables por delitos graves como homicidio, robo agravado, abuso sexual o secuestro. Fija penas máximas de hasta 15 años de prisión y habilita la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena.
A la vez, incorpora medidas alternativas para delitos con penas menores a 10 años: servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento y reparación integral del daño. También contempla actividades educativas, recreativas y deportivas, atención médica y abordaje de adicciones, con informes trimestrales obligatorios.
Uno de los puntos clave fue la incorporación de una partida presupuestaria específica por más de $23.700 millones para la implementación del nuevo régimen. Según negociadores oficialistas, ningún gasto se ejecutará sin aval del Ministerio de Economía.
Durante el tratamiento en particular, se modificaron artículos para eliminar cualquier ambigüedad que pudiera permitir el alojamiento de menores en secciones de establecimientos penitenciarios para adultos.
Argumentos a favor: “El que las hace, las paga”
Desde el oficialismo defendieron la reforma como una actualización necesaria de una ley vigente desde 1980. El diputado Nicolás Mayoraz sostuvo que se trata de responder “al reclamo de justicia de la sociedad”, mientras que Gabriel Bornoroni aseguró que el Presidente “tuvo el coraje de traer este debate al Congreso”.
Desde el PRO, Cristian Ritondo advirtió que el narcotráfico recluta menores amparado en la baja punibilidad y que “bloquear este debate es abandonar a los chicos a la delincuencia”.
En el radicalismo, Pamela Verasay consideró que el Congreso salda una deuda de tres décadas en materia de justicia penal juvenil. Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, afirmó que la reforma “no reparará el dolor de las víctimas, pero dejará reglas más claras hacia adelante”.
El debate estuvo marcado por la presencia de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos allegados a casos resonantes en Santa Fe, que siguieron la sesión desde los palcos.
La oposición: “Punitivismo sin solución”
Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron duramente la iniciativa. La diputada Paula Penacca acusó al oficialismo de “vender una ilusión punitivista” que no resolverá la conflictividad social ni la inseguridad.
Romina Del Plá sostuvo que la experiencia internacional demuestra que el encierro temprano aumenta la reincidencia y que el problema radica en la falta de políticas públicas de protección integral para la niñez.
Los bloques opositores presentaron dictámenes alternativos: uno que mantenía la edad actual de imputabilidad en 16 años y otro que también proponía bajarla a 14, aunque con otro enfoque. También hubo proyectos de rechazo total.
El eje de la crítica fue el temor a que la reforma terminé sobrecargando institutos de menores y profundizando la exclusión social.
Mercosur-UE: señal al mundo
En paralelo, Diputados ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones.
El entendimiento, firmado el 17 de enero, busca crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo. El Gobierno apuesta a que Argentina sea el primer país del bloque en aprobarlo.
El canciller Pablo Quirno había anticipado en redes sociales que el Ejecutivo enviaría el texto para su tratamiento en sesiones extraordinarias y que contaba con respaldo de sectores dialoguistas y aliados provinciales.
La ratificación fue leída como un gesto hacia el exterior en momentos en que la administración Milei impulsa una agenda de apertura económica y alineamiento con mercados internacionales.
Dos victorias y una estrategia
La doble aprobación consolida la estrategia del oficialismo: avanzar en reformas estructurales en materia penal y profundizar la inserción comercial global.
Con el Senado como próximo escenario de disputa, el Gobierno buscará convertir ambas iniciativas en ley antes del inicio del período ordinario de sesiones.
La maratónica jornada dejó en claro que el Congreso será el campo de batalla donde se diriman las transformaciones más profundas del programa libertario. Y también que la discusión sobre seguridad, niñez y modelo económico seguirá ocupando el centro de la agenda política argentina.