La Cámara de Diputados comenzó este jueves a las 11 una sesión especial con un temario de alto impacto político e institucional. En el centro del debate aparece el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, junto con la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero.
El oficialismo llega al recinto con dictamen de mayoría para el proyecto penal juvenil, que reunió 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal —estos dos últimos con disidencias—. La iniciativa contempla un esquema que incluye actividades educativas, recreativas y deportivas para los menores alcanzados por la ley, además de atención médica y tratamiento por adicciones. También establece informes trimestrales de seguimiento y fija penas máximas de hasta 15 años, con posibilidad de libertad condicional al cumplir los dos tercios de la condena.
Uno de los puntos que el oficialismo destacó como novedad es la asignación presupuestaria específica para su implementación, calculada en $23.739.155.303. Según negociadores parlamentarios, el monto cuenta con aval del Ministerio de Economía, un dato clave en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
Sin embargo, el proyecto enfrenta un escenario fragmentado en la oposición. Unión por la Patria presentó dos dictámenes: uno que mantiene la edad actual de imputabilidad y otro, impulsado por el sector referenciado en Sergio Massa, que también propone bajarla a 14 años. Provincias Unidas impulsó su propio texto en la misma línea, mientras que el Frente de Izquierda y el diputado catamarqueño Sebastián Nóblega presentaron iniciativas de rechazo.
El debate promete ser extenso y atravesado por posiciones ideológicas marcadas: mientras el oficialismo argumenta que la reforma apunta a dar respuesta a delitos graves cometidos por menores y a modernizar un régimen vigente desde hace más de cuatro décadas, sectores opositores advierten sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y cuestionan la capacidad del Estado para garantizar un sistema de contención real.
Antes de iniciar el tratamiento, el cuerpo rindió homenaje a la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, fallecida el miércoles a los 62 años. Además, juró como diputado nacional Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba, quien asumió su banca por el espacio Provincias Unidas tras haber sido electo el 26 de octubre pasado.
En paralelo, la Cámara también abordará la ratificación del acuerdo Mercosur-UE, que el Gobierno considera una señal estratégica hacia el exterior. La administración nacional busca que Argentina sea el primer país del bloque en aprobar el tratado, en un gesto de alineamiento comercial y apertura de mercados.
Desde el oficialismo aseguran contar con respaldo suficiente para avalar el acuerdo, tras haber conseguido dictamen de mayoría en comisiones. El texto ingresó formalmente esta semana a Diputados luego de demoras vinculadas a la traducción en Paraguay.
La sesión se perfila como una de las más relevantes del período extraordinario: combina un debate sensible en materia penal y de política interna con una definición de alcance internacional que podría reconfigurar la inserción comercial del país.