Política: El Senado abrió la puerta a la minería en zonas periglaciares y desató una tormenta política
26/02/2026
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En una sesión cargada de tensión, reproches reglamentarios y acusaciones cruzadas, el Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y reconfiguró uno de los debates ambientales más sensibles de los últimos años. Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, la Cámara alta habilitó un cambio de paradigma: mantener la protección sobre los glaciares, pero permitir actividad económica en zonas periglaciares que no cumplan una función hídrica comprobable.
La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei en el marco de las sesiones extraordinarias, ahora deberá enfrentar el debate en Diputados. Pero la escena que dejó el Senado fue algo más que un resultado legislativo ajustado: fue la postal de un oficialismo decidido a avanzar y una oposición que denunció improvisación, opacidad y “retroceso institucional”.
Votación dividida y bloques fracturados
La votación partió aguas en casi todos los bloques. El oficialismo consiguió apoyos heterogéneos, incluso de sectores del peronismo y del radicalismo. En contraste, figuras como Alicia Kirchner, Martín Soria y Anabel Fernández Sagasti denunciaron que la reforma flexibiliza estándares ambientales y pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.
El radical Maximiliano Abad anticipó su voto negativo al considerar que el proyecto no logra un equilibrio entre desarrollo y preservación. Desde el peronismo, se insistió en que la reforma no es técnica sino “ideológica”, y que responde a la urgencia de atraer dólares vía inversiones extractivas.
Uno de los focos más álgidos del debate fue el método. Senadores opositores cuestionaron que el bloque libertario introdujera modificaciones al dictamen sin explicarlas previamente en comisión. “Estamos cambiando una de las leyes ambientales más importantes entre cuatro paredes”, reprochó Daniel Bensusán. Fernando Salino habló directamente de una práctica “afuera del reglamento”.
Euforia en los palcos y compromiso con gobernadores
Mientras en el recinto se multiplicaban las críticas, en los palcos el clima era otro. Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem siguieron la votación desde una platea y celebraron con euforia el resultado.
Para el oficialismo, la reforma es una pieza clave en su estrategia de desregulación y atracción de inversiones, especialmente en provincias cordilleranas con fuerte potencial minero e hidrocarburífero. El argumento central fue repetido por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich: “No es agua o trabajo”. Según defendió, la norma mantiene intacta la protección de los glaciares y aporta previsibilidad jurídica para evitar que la “ambigüedad” frene proyectos productivos.
El núcleo del cambio
La ley vigente —sancionada en 2010— protege tanto glaciares visibles como ambientes periglaciares, ecosistemas de alta montaña que funcionan como reguladores hídricos. La reforma introduce una distinción: solo quedarán blindadas aquellas formaciones periglaciares con función hídrica fehaciente. Las demás podrían habilitarse para actividades extractivas.
El proyecto también consolida el Inventario Nacional de Glaciares bajo la órbita del IANIGLA y la coordinación de la Secretaría de Energía, que deberá identificar y clasificar las áreas protegidas.
Para el oficialismo, se trata de “armonizar” desarrollo y ambiente. Para la oposición, es abrir una puerta riesgosa en un contexto de crisis climática y escasez hídrica creciente.
Incidentes y clima de confrontación
La jornada estuvo precedida por incidentes frente al Congreso. Un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido tras intentar irrumpir en el Palacio Legislativo. También se registró la represión a un camarógrafo que cubría los hechos, lo que añadió tensión a un debate ya electrizado.
Dentro del recinto, las palabras escalaron. Luis Juez —quien en 2010 votó a favor de la ley original— defendió su cambio de postura y rechazó acusaciones de contradicción. Habló de “terrorismo ecológico” y sostuvo que la reforma no vulnera garantías básicas, sino que devuelve autonomía a las provincias.
Del otro lado, Alicia Kirchner advirtió que “el agua es un recurso estratégico” y pidió devolver el proyecto a comisión. Martín Soria fue más allá: describió la reforma como parte de un modelo “primarizado” de país, subordinado a los intereses del mercado global.
Lo que viene
Con la media sanción, el debate se traslada a Diputados, donde el oficialismo deberá reconstruir una mayoría igualmente frágil. El resultado no solo definirá el alcance de la protección ambiental en zonas de alta montaña, sino también el rumbo del modelo productivo que el Gobierno pretende consolidar.
La discusión dejó expuesta una fractura profunda: federalismo versus regulación nacional, inversión versus preservación, desarrollo versus precautorio ambiental. Pero sobre todo, evidenció que el agua —ese recurso invisible hasta que falta— se convirtió en el nuevo epicentro de la disputa política argentina
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