Ante el temor de que la medida pueda utilizarse como herramienta de censura, el parlamentario fue enfático al aclarar que la norma solo se aplicaría en casos “claros, indiscutibles y contundentes”. Además, el proyecto contempla una salvaguarda central: “En caso de duda, el juez siempre debe sostener o preservar la libertad de expresión”. Es decir, si el magistrado no está seguro de si se trata de información legítima o de una lesión al honor, deberá permitir que la publicación permanezca activa.
“No estamos buscando amedrentar a nadie para que no pueda opinar”, aseguró, diferenciando la crítica política de la descalificación personal. “Todos podemos criticar a los políticos. Ahora, cuando empieza la descalificación, la mentira o la imputación de delitos cuando no hay ni siquiera denuncia, tiene que haber un límite”, afirmó.
Vargas Aignasse justificó la necesidad de la regulación al señalar el aumento de la violencia en redes sociales, incluyendo expresiones de odio racial, religioso y de género. También mencionó como antecedentes la Ley Olimpia en Argentina y legislaciones en países vecinos como Uruguay y Brasil que ya establecen límites al “libertinaje” digital.
“No puedo decir lo que quiero desde atrás de una computadora y muchas veces escondido detrás de un nombre de fantasía”, concluyó, al plantear el debate sobre si el derecho a la libertad de expresión es absoluto por encima de la dignidad humana.