Desde el Ejecutivo municipal marcaron el tono político del proceso: la reforma no será unilateral. La intención es construir un consenso amplio que incorpore visiones académicas, económicas y sociales. En ese marco, el municipio será el encargado de abrir el debate con la presentación de siete ejes estratégicos que funcionarán como columna vertebral de la reforma.
La metodología planteada apunta a ordenar la discusión y, al mismo tiempo, garantizar participación real. Primero, el municipio expondrá los lineamientos técnicos que justifican los cambios. Luego, universidades, entidades empresariales, colegios profesionales y organizaciones civiles tendrán su turno para presentar propuestas y observaciones integrales. Finalmente, el proceso avanzará hacia un debate técnico detallado, eje por eje, con el objetivo de alcanzar acuerdos concretos.
En paralelo, el Concejo Deliberante también activa su propio dispositivo institucional. La comisión especial encargada de estudiar y reformar el código comienza las audiencias públicas, que serán abiertas y transmitidas en vivo para asegurar transparencia y acceso ciudadano. Este espacio, presidido por el concejal Facundo Vargas Aignasse e integrado por representantes de distintos sectores políticos, tendrá un rol central en canalizar las propuestas y traducirlas en normativa.
La coincidencia entre ambas instancias —el impulso del Ejecutivo y la articulación legislativa— refleja que la reforma del Código Urbano dejó de ser un tema técnico para convertirse en una decisión política de fondo. Lo que está en juego no es solo actualizar reglas, sino definir qué ciudad se quiere construir en los próximos años.
Con un esquema que combina exposición técnica, participación sectorial y debate público, la Capital inicia así un proceso que promete tensiones, negociaciones y definiciones clave. La apuesta es ambiciosa: lograr un crecimiento ordenado y sostenible sin perder de vista las demandas reales de quienes habitan la ciudad.