Un documento presentado durante la jornada reveló que las transferencias a universidades nacionales cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026. En paralelo, los salarios universitarios aumentaron un 158%, frente a una inflación del 280%, lo que implicó una pérdida del 32% del poder adquisitivo.
Los gastos de funcionamiento se redujeron al 40% del nivel que tenían en enero de 2023, mientras que áreas clave como ciencia, técnica, extensión y becas estudiantiles sufrieron fuertes recortes. En particular, las Becas Progresar registraron una caída real superior al 95% respecto a 2023.
El plenario exigió medidas urgentes para garantizar la continuidad de las funciones esenciales de las universidades públicas y advirtió que, sin financiamiento adecuado, se compromete la calidad académica y el acceso de miles de estudiantes.
La declaración conjunta marca un punto de inflexión en el conflicto y coloca al financiamiento universitario en el centro de la agenda política y social.