El conflicto se originó tras la sanción de la Ley 27.795 por el Congreso con mayoría agravada, pese al veto presidencial. El Ejecutivo condicionó su aplicación a la disponibilidad de recursos según la Ley 24.629, lo que llevó a varias universidades nacionales a presentar un amparo colectivo para exigir su cumplimiento efectivo.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, celebró la resolución: “Una excelente noticia para toda la comunidad universitaria en un contexto extremadamente delicado”. Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerector de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que el Gobierno debe sentarse a dialogar con las universidades públicas y que incumplir la orden judicial constituiría una gravedad institucional sin precedentes.
La Cámara sostuvo que la Ley 27.795, como norma posterior, reemplaza a la anterior (24.629) incluso en cuestiones presupuestarias. Además, advirtió sobre el peligro en la demora por la pérdida del poder adquisitivo de salarios y becas, y consideró que el impacto fiscal de la medida es mínimo, estimado en 0,23% del PBI, mientras se protege el derecho a enseñar y aprender.
También desestimó los cuestionamientos del Estado sobre imparcialidad y equilibrio fiscal.
El fallo se limita a la actualización de salarios y becas prevista en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 y no anticipa la sentencia definitiva ni modifica el resto del esquema de financiamiento universitario.