La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. El fallo desestimó un recurso del gobierno de Javier Milei por considerar que no había sentencia definitiva, y mantuvo la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles dispuestas en instancias anteriores.

El tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sin ingresar en el fondo del planteo.

Según consignó Infobae, la decisión no implica efectos económicos inmediatos, dado que parte de los aumentos ya habían sido acordados previamente entre las partes.Compromisos asumidos por el EjecutivoEl 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y la ampliación de partidas para hospitales universitarios hasta $50.000 millones.

 En ese marco, la resolución judicial se interpreta como un respaldo a la vigencia de la normativa, aunque sin impacto financiero adicional en esta etapa.

El origen de la causaLa disputa comenzó con un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales, que cuestionaron el decreto 759/2025. Esa norma establecía que la ley solo podía ejecutarse una vez definidas fuentes específicas de financiamiento.En primera instancia, la Justicia había ordenado la aplicación