Los combustibles tienen incidencia directa en los costos de transporte, logística, producción agropecuaria y movilidad particular. Por ello, cualquier actualización impositiva repercute rápidamente en toda la cadena de precios. Desde 2024, el Ejecutivo viene utilizando sucesivos diferimientos como herramienta para evitar saltos bruscos en la inflación.
En los considerandos del último decreto, la Casa Rosada sostuvo que la medida buscaba “estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. En la práctica, la postergación permitió que los aumentos acumulados no impactaran en los precios finales durante junio.
Escenarios posiblesCon el vencimiento del plazo, se abren dos alternativas:
Aplicar los incrementos pendientes desde julio, con impacto inmediato en los surtidores.
Extender el diferimiento mediante una nueva resolución, lo que requeriría repetir el mecanismo normativo utilizado en junio.
La definición será clave para el rumbo de la política económica en un contexto de inflación persistente y demanda interna debilitada.