La legislación española establece que los menores extranjeros no acompañados no pueden ser devueltos automáticamente y obliga al Estado a brindarles protección. Ante el colapso de los centros, el Gobierno anunció una inversión de 25 millones de euros y prevé trasladar parte de los menores a otras comunidades autónomas para aliviar la presión sobre Ceuta.
Organizaciones como Unicef y Save the Children reclaman acelerar la asistencia, garantizar alimentación, atención médica y apoyo psicológico para los menores, que siguen esperando una respuesta en una de las mayores crisis migratorias de la frontera sur de Europa.