Al momento de evaluar las críticas del Ministerio Público Fiscal, el máximo tribunal remarcó que las acusaciones no contaban con sustento probatorio objetivo para ubicar a la víctima en la vivienda de Soto la noche de su desaparición, ocurrida el 26 de febrero de 2006. Asimismo, la sentencia fijó doctrina respecto a la aplicación de la perspectiva de género en los procesos judiciales, precisando que si bien esta herramienta exige una flexibilidad en la evaluación indiciaria ante la falta de prueba directa, bajo ningún punto de vista autoriza a emitir condenas penales basadas en testimonios contradictorios o en ausencia de evidencia material categórica.