El programa, implementado por la administración de Joe Biden, otorgaba permisos temporales de residencia y trabajo a migrantes que cumplían ciertos requisitos, como contar con un patrocinador financiero en EE.UU. y superar controles de seguridad. Sin embargo, la decisión del tribunal abre la puerta a deportaciones masivas, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre.
El fallo fue aprobado sin una argumentación escrita y responde a una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump. Dos juezas liberales, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, expresaron su desacuerdo, advirtiendo que la medida tendrá consecuencias devastadoras para los migrantes afectados.
La administración de Trump sostiene que la revocación del parole facilitará la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada, conocido como "expedited removal". Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han anunciado que impugnarán la decisión en tribunales inferiores, argumentando que la terminación masiva del programa viola la ley federal6.
El impacto de esta medida se extiende más allá de la política migratoria, generando un fuerte debate sobre el futuro de los inmigrantes en EE.UU. y la dirección que tomará el país en materia de derechos humanos y seguridad fronteriza.