El kirchnerismo denuncia que el fallo es parte de una persecución judicial para proscribir a su principal figura. En este contexto, sectores del peronismo evalúan diversas medidas, incluyendo movilizaciones masivas, una declaración conjunta y la posibilidad de recurrir a organismos internacionales.
Desde el Gobierno de Javier Milei, la Casa Rosada sigue el tema con cautela, aunque reconoce que la confirmación de la condena generaría un impacto electoral significativo. Sin embargo, sostienen que la estrategia oficialista en la provincia de Buenos Aires no cambiará, independientemente de la situación judicial de Kirchner.
La Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ya tiene el fallo en etapa de redacción. Si la sentencia se publica antes del 19 de julio, fecha límite para la presentación de listas, CFK quedaría automáticamente fuera de la contienda electoral. En caso de que se ordene su detención, podría solicitar prisión domiciliaria debido a su edad.
El desenlace de este proceso marcará el futuro político de Cristina Kirchner y podría redefinir el panorama electoral en Argentina. Mientras tanto, el peronismo se reorganiza para enfrentar lo que considera un intento de proscripción, en un contexto de creciente tensión política y social.