La situación se originó tras la decisión del TOF de limitar las visitas a un listado cerrado de familiares, abogados y médicos, presentado por la defensa. Cualquier otra persona que desee ingresar al domicilio de la exmandataria debe contar con una autorización judicial previa. Esta medida fue calificada por Dalbón como una “venganza con membrete judicial” y generó una ola de reacciones en redes sociales.
Los jueces del tribunal, por su parte, aclararon que no responderán los correos recibidos y que será la propia Cristina Kirchner quien deberá solicitar formalmente cada autorización. La defensa, encabezada por Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, apeló la resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal, argumentando que el régimen impuesto vulnera derechos civiles y políticos, al condicionar su interacción con dirigentes y referentes sociales.
Mientras se espera una definición de Casación, el episodio reaviva el debate sobre los límites de la prisión domiciliaria y el alcance de las garantías constitucionales. Para la expresidenta, el aislamiento forzado no solo afecta su vida personal, sino también su rol político en un momento de alta sensibilidad institucional.