Mientras tanto, los demandantes presionan para avanzar con embargos y ejecutar activos argentinos en el exterior. El Gobierno, por su parte, no constituyó una garantía para frenar esas acciones, lo que agrava el riesgo financiero y jurídico.
El caso YPF no solo representa un golpe económico, sino también un obstáculo para la llegada de inversiones extranjeras. La sentencia aún no está firme, pero el reloj corre y la deuda crece. Cada día sin acuerdo, el costo para el país se multiplica.