Burford, que adquirió los derechos del litigio tras la quiebra de las empresas Petersen en España, contrató a mediadores con vínculos en la city porteña y en el entorno libertario para acercar posiciones. El objetivo es cerrar un conflicto que lleva más de una década y que amenaza con afectar la reputación financiera del país en un momento clave para la atracción de inversiones.
El Gobierno, por su parte, enfrenta un dilema: cumplir el fallo, apelar o negociar. Cada opción tiene costos políticos y económicos, pero el riesgo de embargos y el impacto sobre el valor de mercado de YPF presionan para encontrar una salida consensuada. Por ahora, el reloj corre y la deuda crece.