El Ministerio de Economía será la nueva autoridad de aplicación, y los representantes estatales en el directorio de AySA deberán adecuar el estatuto social a las nuevas disposiciones. El Gobierno justifica la reforma en la necesidad de viabilizar inversiones urgentes ante el deterioro operativo y financiero de la empresa, que recibió USD 13.400 millones en transferencias entre 2006 y 2023 sin revertir su déficit estructural.
La privatización de AySA forma parte de la Ley Bases y se suma a otras siete empresas públicas sujetas a venta. El Ejecutivo asegura que el nuevo esquema permitirá mejorar la eficiencia, ampliar la cobertura y garantizar la sostenibilidad del servicio, aunque advierte que la transición será progresiva y no deberá afectar la continuidad operativa.