para concesionar 9.155 kilómetros de rutas nacionales está generando más dudas que certezas. La iniciativa, que busca trasladar a manos privadas el mantenimiento y operación de gran parte de la red vial a cambio del cobro de peajes, enfrenta una dura realidad: no hay interés inversor suficiente, los números no cierran y el esquema amenaza con dejar rutas a mitad de camino.
Las alarmas comenzaron a sonar desde el propio sector privado.
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), fue claro: “Solo una pequeña parte de la red puede ser viable bajo este esquema, como los accesos a
Buenos Aires o
Córdoba, donde hay volumen de tránsito. El resto no se sostiene con peajes”.
La preocupación crece entre las constructoras, que estiman que las obras urgentes de puesta en valor requerirían al menos
u$s3.500 millones, muy por encima de los
u$s1.200 millones que calculó el Gobierno. Con tasas de interés elevadas y riesgo país en torno a los 800 puntos, el financiamiento parece imposible.
En busca de evitar un fracaso en la primera licitación –prevista inicialmente para el 5 de agosto– el Ejecutivo postergó la apertura de ofertas al 8 de septiembre. Son dos tramos clave: el “Oriental” (RN 12 y 14 hasta Paso de los Libres) y la “Conexión” (Rosario–Victoria). Pero incluso allí, los costos para los usuarios serán inéditos.
Según estimaciones del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (
Conaduv), un viaje ida y vuelta en auto entre Paso de los Libres y Campana costará $29.600 en peajes. Para un camión de más de seis ejes, la cifra sube a $148.000. A esto se suma que el nuevo esquema aumentará en un 135% la cantidad de estaciones de peaje: habrá una cabina cada 97 kilómetros.
Para las etapas II y III –que suman otros 8.800 km y se licitarán en los próximos 60 días– Vialidad proyecta un peaje promedio de $2.200 por cada 100 km. Las empresas ya advirtieron que ese valor es insuficiente para cubrir las obras y el mantenimiento necesarios.
Mientras tanto, la disolución de
Vialidad Nacional –suspendida por la Justicia– sigue generando tensiones. Si el plan avanza sin el respaldo técnico y económico necesario, el país podría enfrentar un nuevo fracaso en materia de infraestructura vial, como ocurrió con los contratos PPP de la era macrista.
Más peajes, más cabinas, más costos para los usuarios. Menos certezas sobre quién hará las obras y cómo se financiarán. El modelo vial que impulsa el Gobierno avanza entre advertencias y números que no cierran. La pregunta que queda en el aire: ¿quién va a querer invertir?.