Entre los puntos centrales se destaca la posibilidad de que las empresas negocien acuerdos individuales o por establecimiento, por fuera de los convenios colectivos vigentes. Esto implicaría una descentralización de la negociación paritaria y una pérdida de peso de las federaciones sindicales en la definición de condiciones laborales.
Además, se propone revisar los beneficios establecidos en convenios sectoriales, como licencias, adicionales y cláusulas de estabilidad, con el argumento de “modernizar” el régimen laboral y adaptarlo a las nuevas formas de empleo. También se plantea limitar la ultraactividad de los convenios, es decir, su vigencia automática una vez vencidos.
En cuanto al rol sindical, el proyecto contempla cambios en los requisitos de representatividad, en los mecanismos de elección de delegados y en el financiamiento de las organizaciones gremiales. Esto podría afectar la capacidad de acción de los sindicatos en la defensa de derechos laborales y en la convocatoria a medidas de fuerza.
Desde las centrales obreras y sindicatos sectoriales ya se expresaron fuertes críticas, advirtiendo que la reforma implica una “regresión de derechos” y una “desprotección del trabajador frente al poder empresario”. Se anticipan movilizaciones y presentaciones judiciales para frenar su avance.
El Gobierno, por su parte, sostiene que los cambios son necesarios para dinamizar el mercado laboral, reducir la informalidad y fomentar la inversión. El debate legislativo será clave para definir el alcance final de la reforma y su impacto en el mundo del trabajo.