eligió la confrontación. La amenaza de vetar de manera selectiva las partidas destinadas a educación y discapacidad encendió todas las alarmas. Para la oposición, no se trata de una herramienta institucional sino de un castigo político por no haber logrado imponer la derogación de leyes que protegen derechos básicos. Un veto de esas características, advierten, no solo desnaturalizarían la voluntad del Congreso, sino que generaría un vacío crítico en la ejecución de políticas públicas esenciales.
Desde el peronismo, el jefe de bloque
Germán Martínez fue tajante. Señaló que el Gobierno actúa como si aún estuviera en una “luna de miel” inexistente y recordó que incluso los organismos internacionales, como el
FMI, exigen consensos políticos amplios para sostener un programa económico. “No están dadas las condiciones para un decreto-veto de Milei”, afirmó, al tiempo que expuso las tensiones internas del Ejecutivo y el desgaste de su estrategia confrontativa.
La discusión del Presupuesto 2026 dejó de ser un debate técnico para convertirse en el corazón de la disputa política. El oficialismo, sin mayoría ni aliados sólidos, apuesta a la amenaza presidencial como último recurso. La oposición, en cambio, busca marcar límites y advertir sobre el costo social de profundizar el conflicto. Con una sociedad atravesada por la crisis y la incertidumbre, el Senado se prepara para una sesión decisiva, mientras la sombra de un veto selectivo planea sobre derechos fundamentales y expone, una vez más, la fragilidad del poder libertario en el Congreso.