En medio de la polémica por la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno confirmó que una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó que 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como beneficiarios activos pese a estar fallecidos. El hallazgo fue validado con las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y generó alarma en la Casa Rosada.
El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, designado tras la salida de Diego Spagnuolo, autorizó las bajas de los certificados observados y advirtió que se trata de “una estafa al Estado”. Según fuentes oficiales, se evalúa la posibilidad de judicializar tanto a quienes hicieron uso de los beneficios como a los prestadores involucrados.
El CUD es un documento gratuito que certifica la discapacidad y habilita el acceso a prestaciones estatales. La revisión forma parte de una auditoría integral impulsada el 28 de agosto, luego de que Spagnuolo quedara envuelto en la difusión de audios sobre presuntos pedidos de coimas, los cuales él asegura fueron manipulados con inteligencia artificial.
La auditoría también detectó inconsistencias en contratos y un incremento del 27% en la compra de medicamentos clave para la leucemia linfoblástica aguda, lo que intensificó las alertas en el Ejecutivo. En paralelo, la administración libertaria evaluó quitarle la autonomía a la ANDIS y trasladarla a la órbita del Ministerio de Salud, aunque finalmente esa opción no prosperó.
Las críticas contra Spagnuolo abundan en Balcarce 50, donde lo acusan de haber mentido reiteradamente y de no reportar los movimientos del área. “Es un mentiroso profesional”, sintetizó una fuente oficial.
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